La entidad ha elaborado un decálogo de propuestas que incluye tres grandes bloques: una reforma constitucional que reconozca como fundamentales los derechos sociales, culturales y económicos (derivados de la legislación internacional y actualmente sólo reconocidos como “principios orientadores), que iguale la asistencia y prestaciones sociales en todo el territorio español, y que reconozca la existencia y papel del Tercer Sector; un “plan de compromiso económico y de rescate de las personas” que establezca medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social; y el refuerzo de la gobernanza del sector, mediante el despliegue de la recientemente aprobada Ley del Tercer Sector de Acción Social, el pasado 1 de octubre.

 

En palabras de su presidente, Luciano Poyato, la reforma constitucional es necesaria “por la propia exigencia que marca el paso del tiempo”, ya que “desde hace años los derechos sociales, económicos y culturales son una realidad que no está recogida en nuestra Constitución”, igual que ocurre con el propio Tercer Sector, “un sector que existe de forma organizada, que engloba a un amplio abanico de entidades no lucrativas” (alrededor de 30.000) que trabajan en distintas áreas, y “que no están reconocidas en la Constitución porque cuando se redactó no existían como sector”, pero cuyo trabajo es clave 37 años después de la redacción del texto.

 

La necesidad de la adaptación del texto constitucional a la realidad social actual, y el reconocimiento en el mismo de la existencia y labor del Tercer Sector fue uno de los mayores puntos de consenso en el encuentro, en que todos los participantes reconocieron el papel clave de las entidades que confirman el sector en la búsqueda de la igualdad y el desarrollo de la sociedad. Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE, se refirió al “papel determinante” de estas organizaciones, que debe ser “coordinado y complementado con  un sistema público sólido”, para así “reforzar los pilares del Estado del Bienestar”, de entre los cuales, afirmó, “el más débil es el de los servicios sociales”. En el mismo sentido se pronunció Segundo González, responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, que señaló la necesidad de “un Tercer sector que colabore con lo público, que tenga un papel fundamental en el diseño y la ejecución de políticas públicas”, y que cuente para ello “con una dotación presupuestaria suficiente”.

 

Según José Ignacio Echániz, secretario de Asuntos Sociales del PP, el sector es el reflejo de “una sociedad cada vez más vertebrada, que ha sido capaz de organizarse de manera interna” para hacer posible una respuesta “solidaria, capaz y coherente” a problemas que desbordaban al ámbito público (como por ejemplo la crisis del Ébola), o que ha hecho posible “que a pesar de la terrible crisis vivida nos estemos recuperando”.

 

En este sentido, José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Empleo de Izquierda Unida, afirmó que desde su formación política defienden que el Tercer Sector “no debe ser sustitutivo del sistema público, ni avalar el grave riesgo de caminar hacia un modelo de democracia paliativa”. El Estado, reseñó, necesita “caminar de la mano del Tercer Sector hacia un modelo de derechos sociales”, con un modelo legislativo fuerte “que reclame elementos de financiación para las entidades sociales”.

 

 

Una de las propuestas de la Plataforma es la modificación del Título Octavo de la Constitución Española, que establece competencias autónicas en materia de acción social. La Plataforma busca con ello el establecimiento de “un espacio competencial compartido”, que suponga, según su presidente, “un impulso a las competencias en materia autonómica”, haciendo posible “un sistema que equilibre la asistencia social a nivel estatal”, y que evolucione hasta conseguir “que se atienda igual a todas personas, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia”.

 

Maite Pagazaurtundua, eurodiputada y responsable del programa electoral de UPyD, reforzó en este sentido que “necesitamos un Estado robusto en la asistencia social, y desarrollar políticas sociales poderosas para que no tenga que paliar el tercer sector lo que no hemos podido hacer nosotros”. Así, afirmó que “no es posible que la asistencia a la infancia, al cáncer o la lucha contra la pobreza no sean iguales en los distintos territorios”, y que “sea cual sea el mecanismo para hacerlo, la igualdad de oportunidades y de asistencia de todos los ciudadanos, debe conseguirse”.

 

Alberto Reyero, portavoz de Asuntos Sociales y Discapacidad en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, se refirió también por su parte a los fondos del 0,7% de IRPF destinados a fines sociales, “una herramienta de cohesión nacional muy importante”. Según Reyero, desde su formación política se utilizarán “todos los instrumentos posibles” para garantizar la asistencia y el cumplimiento de los mínimos “a los que todo ciudadano español, por el hecho de serlo, tiene derecho”.

 

 

En cuanto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la Plataforma reclama el desarrollo de medidas concretas como el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas, la creación de un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza, el destino de la Tasa sobre Transacciones Financieras (recientemente aprobado y pendiente de aplicación) a fines sociales, entre otras medidas. Carlos Susías, vicepresidente de la Plataforma, destacó que las entidades del tercer sector son “colaboradoras, y no sustitutas” de la labor del estado en materia de garantía social, y es por ello que necesitan de un apoyo de parte del Gobierno para “cumplir la misión que nos ha dado la sociedad civil”. Así, y refiriéndose además a la Ley del Tercer Sector de Acción Social, “un hito importantísimo para el sector y el primero de los logros de la Plataforma en la defensa de los intereses comunes del sector”, es necesario el desarrollo de “un sistema de protección fuerte”, que haga “que nos vaya mejor a todos”.

 

 

Elena Rodríguez, directora de la Plataforma señaló que “por primera vez, el Tercer Sector presenta, en conjunto y de forma consensuada, un conjunto de propuestas concretas ante unas elecciones generales”. “Más allá de las propuestas y demandas concretas que cada entidad presente en sus ámbitos concretos de actuación”, afirmó, “el decálogo de propuestas de la Plataforma engloba las principales reivindicaciones comunes a todas las entidades del sector, en defensa de unos objetivos comunes y en búsqueda de un nuevo modelo social.

 

Es por ello que es necesario “reconocer el papel de interlocución y participación del mismo en el desarrollo de políticas sociales”, otorgándole el papel que merece “en las distintas mesas y organismos” con competencia en materia social.

 

Maite Pagazaurtundua reforzó además esta idea afirmando que el Tercer Sector “ha alcanzado su mayoría de edad”, y “es una pieza clave a encajar en el nuevo modelo de país al que queremos llegar”.